Chile: Laboratorios en la mira

Después de las farmacias, todo indica que la nueva arista que se abre en el caso colusión apunta a los laboratorios. Los acusan de ser los instigadores de los acuerdos de precios; ellos argumentan que no tuvieron nada que ver y que su poder de negociación frente a las farmacias es casi nulo. Quién es quién en una industria que mueve cerca de mil millones de dólares.
Por Paula Comandari y Constanza Hola

Fue el propio Enrique Vergara quien dio a conocer la cifra en marzo pasado: nueve laboratorios estarían involucrados en el conflicto por colusión que hoy enfrentan las tres mayores cadenas farmacéuticas locales.
Pese a que el fiscal nacional económico aún no concreta el requerimiento contra ellos, es un secreto a voces que el próximo paso de Vergara es acusar formalmente a los laboratorios como nexo entre las farmacias para subir los precios de algunos de los 222 medicamentos.
La mayor parte de los laboratorios, sin embargo, afirma que ellos "no tienen nada que ver en el tema". Ahora, han seguido el proceso de cerca, pues hace justo un año todos debieron colaborar en la investigación de la FNE, aportando e-mails, facturas y listado de precios del periodo en cuestión: noviembre de 2007 a marzo de 2008. Incluso, muchos declararon personalmente ante Vergara.
¿De qué se les acusa concretamente? En el acuerdo de conciliación de Fasa con la Fiscalía, en el cual Farmacias Ahumada reconoció haber concertado precios con sus competidores, la empresa afirma que "en noviembre de 2007 algunos ejecutivos de Farmacias Ahumada mantuvieron contactos personales con ejecutivos de algunos laboratorios con el objeto de reducir los costos de compra, a fin de hacer frente a esa situación, conversaciones en las cuales algunos de tales ejecutivos de laboratorios transmitieron a los ejecutivos de Fasa la proposición de alzar coordinadamente los precios de las tres compañías (Fasa, Salcobrand y Cruz Verde) para un grupo determinado de medicamentos, como solución a esa situación de mercado".
Fasa lanzó la primera piedra contra los laboratorios, pero no fue la única en inculparlos. En su contestación ante el TDLC, Salcobrand -en uno de sus puntos- asegura que "la sugerencia de precios, intentos de coordinación y monitoreo de alza de precios son actos propios de los laboratorios".
Ellos niegan rotundamente haber efectuado esa dinámica. Afirman que cada laboratorio representa un porcentaje mínimo de la facturación de las farmacias -menos de un 5%-, por lo que su capacidad de influir en un alza de precios es baja o casi nula. Además argumentan que las cadenas siempre "han hecho lo que quieren" con los precios sugeridos por ellos. Es más: aseveran que en el último tiempo el escenario se ha vuelto incluso más adverso para ellos, porque las cadenas tienen laboratorios propios que "reemplazan el 100% de sus productos", dicen para referirse a la integración vertical que se estaría generando a través de los laboratorios Mintlab (Cruz Verde), Medipharm (Salco) y Farmagenex (Fasa).
Sin embargo, un testimonio que recibió Vergara en su investigación aporta otro punto de vista. Un ex ejecutivo de un importante laboratorio extranjero -quien estuvo en la industria por más de 30 años- afirma que "efectivamente en el período investigado por el fiscal me llamó un ejecutivo de Ahumada y me pidió que conversara con Salcobrand y Cruz Verde para subir los precios de venta al público de algunos productos que se vendían a bajo costo desde hace bastante tiempo. Nosotros efectuamos esa dinámica, tal como lo hicieron otros laboratorios. Pero eso no es colusión: es simplemente regularizar precios".
Una fuente de la industria farmacéutica dice que si al proceso de "conversar fluidamente con las farmacias o comentar los precios que se vienen entre clientes y proveedores se le llama colusión, entonces estaríamos coludidos desde hace 20 años".
Hablando con Vergara
Cuando comenzó la investigación, en abril de 2008, la fiscalía rastreó a los laboratorios ligados a los 222 medicamentos. El fiscal determinó entonces que sólo nueve habrían participado activamente en el alza de precios.
Según una fuente de la industria, Vergara llegó a esa conclusión luego de comparar la información de precio de venta que figuraba en las facturas que recibió de los laboratorios, con la que aparecía en la lista oficial de precios. Ambas no eran coincidentes. Según esa misma fuente, el fiscal cruzó los datos con las alzas de precios de las farmacias, considerando que esos productos "eran sospechosos".
En la industria aseguran que otro de los importantes apoyos que ha recibido Vergara es la estrecha colaboración que ha obtenido de tres laboratorios -aunque también se habla de dos- que aportaron datos nuevos en la investigación. Un abogado relacionado al conflicto afirma que "éstos habrían conversado informalmente con el fiscal, pero que no habrían querido firmar la declaración formal".
Uno de ellos sería Recalcine, de propiedad de Alejandro Weinstein. ¿La razón? Desde ese laboratorio dicen que "hemos sido una de las empresas más afectadas por el alza de precios. Sólo por poner un ejemplo: en marzo de 2008 -dentro del periodo investigado- nuestro anticonceptivo Femel fue vendido en las tres farmacias a $ 10.200. El de la marca del laboratorio Schering, que debiera ser más caro, se ofrecía a $ 9.600. Es decir, 5% más bajo que el nuestro. Ello provocó grandes pérdidas". De ahí, que habrían decidido apoyar la investigación.
La guerra de precios
La mayor parte de los laboratorios, especialmente los nacionales, son enfáticos en señalar que en esta pasada no ganaron nada: durante los meses en que se efectuó el alza de precios ellos siguieron vendiendo sus productos a las farmacias casi al mismo valor. "Sólo varió respecto al IPC", afirma un ejecutivo para explicar que el alza les fue indiferente.
Sin embargo, la guerra de precios -que generó pérdidas a las tres cadenas por casi tres años- salpicó también a los laboratorios. Entre 2005 y el 2007 muchos de sus productos fueron vendidos bajo los costos.
"Eso era utilizado por las farmacias como mecanismo de presión: no estaban dispuestas a comprar a los laboratorios en $100 si la competencia lo vendía por $ 75. Vender bajo el costo deteriora a futuro la posición negociadora de los laboratorios", dice Julio Disi, abogado de varias compañías farmacéuticas y en este caso asesor de Labomed.
Un ejecutivo de un laboratorio grafica el escenario: "La guerra de precios nos mató porque si una farmacia nos compraba un medicamento a $3.000 y lo vendía a público a $1.800, la cadena de al lado me comenzaba a exigir esos mismos precios. Decían que de lo contrario les salía más a cuenta comprar en la competencia. Eso sucedió durante mucho tiempo".
En la otra vereda, sin embargo, las farmacias afirman que el hecho de vender sus productos más baratos "sólo favorecía a los laboratorios, porque la gente compraba más".
En el sector farmacéutico se esgrime que los grandes afectados por la guerra de precios fueron los laboratorios internacionales, porque sus "productos premium o éticos", como les llama a los medicamentos de marca, se ofrecían casi al mismo precio que las copias. "Eso los desperfilaba", dice un agente de la industria.
Los laboratorios nacionales rechazan esta afirmación. "Las cadenas dejaron de comprar parte del stock de genéricos, y optaron por los de marca, porque a un precio similar la gente prefirió los originales". Desde Laboratorio Chile, dice una fuente ligada a la compañía, alegan que en este periodo "varios de sus productos se pusieron por sobre los de marca, por lo que las farmacias dejaron de demandarlos".
Fue tanto el "caos" en ese periodo que incluso algunos llegaron a expresarle su preocupación al entonces fiscal nacional económico.
"La guerra de precios se inició como un mecanismo utilizado por las farmacias para liquidar a los chicos. Desde el principio atentaba contra la competencia y se lo hicimos ver al fiscal nacional económico de la época, Pedro Mattar, pero no nos escuchó. Nos dijo que mientras los bajos precios beneficiaran a la gente, eso era libre competencia. En ese minuto era cuando la autoridad tenía que fiscalizar", señala un alto ejecutivo de un laboratorio internacional.
Moviendo piezas
En los laboratorios se alega inocencia. Afirman que las cadenas farmacéuticas están tratando de desviar la atención cuando se los involucra en esta causa. Sin embargo, no desmienten estar preocupados por las acciones que pueda tomar Vergara.
Afirman que desconocen si son o no parte del listado de los nueve que el fiscal tiene en la mira. La mayoría dice que Vergara no ha solicitado nuevos datos. Por ello, hoy su idea es bajarle el perfil al rol que pudieran tener, hasta que el fiscal interponga acciones concretas.
Esto porque según la información que manejan, el fiscal no tiene pruebas para interponer un nuevo requerimiento en su contra. "Es muy fácil probar que las alzas de los precios fueron naturales, como reacción a las acciones que generaba la competencia y nunca producto de decisiones concertadas", asegura un alto ejecutivo de un laboratorio.
En el último directorio de la Cámara de la Industria Farmacéutica, hace un par de semanas, el tema no se puso en tabla y sólo se conversó informalmente sobre el conflicto. Donde sí se comentó en profundidad fue en la Cámara Chileno Alemana de Comercio e Industria, a la cual están afiliados Merck, Bayer y Schering. Durante esta reunión, realizada el martes 31 de marzo -elegían su nueva directiva- se "comentó el rol que habían tenido los laboratorios en el tema de colusión. No era menor que ahí estuviera uno de los actores de la industria: Claudio Álvarez, gerente general de Bayer Chile, ratificado vicepresidente de la Cámara", dice una persona que estuvo ahí.
Un día antes, Asilfa, el gremio que agrupa a los laboratorios chilenos -en su reunión de directorio-, también analizó el caso.
Como sea, los distintos laboratorios han empezado a mover sus piezas. Aunque Jorge Carey prefiere no referirse al tema, en el mercado aseguran que cuatro de sus clientes -Novartis, Abbott Laboratories, GlaxoSmithKline y Wyeth- ya le habrían pedido asesorías y que en el estudio estarían afinando la eventual estrategia de defensa.
Lo mismo estaría efectuando Merck, a través de conversaciones informales con sus abogados históricos: el estudio de Puga y Ortiz.
En Andrómaco afirman que tras revisar los e-mails de sus ejecutivos -todos los cuales fueron enviados a la Fiscalía- no hay ninguna declaración que pueda culparlos de colusión. De todos modos, como son uno de los laboratorios importantes de la industria, los ejecutivos ya se han reunido con sus abogados Pablo Guerrero y Juan Eduardo Toro -experto en libre competencia-. Durante todo este tiempo, los profesionales se han encargado de proveerles información respecto a lo que está sucediendo tras el acuerdo pactado por la Fiscalía y Fasa.
"Somos completamente inocentes, pero la idea es adelantarnos al eventual escenario de que la Fiscalía abra un requerimiento contra los laboratorios. El objetivo es tener todo el material para demostrar que los laboratorios no tenemos el poder para producir las alzas", dicen desde Andrómaco.
En todo caso, en la industria se sabe que la mayor parte de los laboratorios estaría preparando el terreno para un escenario adverso. Una de las estrategias que utilizarían para enfrentar la tesis sostenida por Fasa -respecto de que ellos fueron los instigadores- tiene que ver con probar que las farmacias fueron las únicas beneficiadas con la concertación de precios.
"Mientras los laboratorios viven con márgenes bastante parecidos a los de años anteriores, las farmacias siguen sumando a manos llenas", explica un miembro de la primera línea de un laboratorio.
Un ejemplo crucial de la potencial defensa de los laboratorios tiene que ver con qué los descuentos que se realizaron tras el término de la guerra de precios. Éstos, afirma Disi, hoy no son traspasados a público. "Ninguno de los cuatro tipos de descuentos a los que acceden las farmacias -por volumen, por pagar a corto plazo, exponer sus medicamentos en lugares destacados o por productos prontos a vencer- son transferidos a la gente", agrega Disi.
Como sea, lo que está claro es que hoy las relaciones entre farmacias y laboratorios están más tensas que de costumbre. Particularmente con Farmacias Ahumada. No sólo por sus declaraciones en el acuerdo de conciliación, sino que también porque la empresa no estaría cumpliendo sus compromisos con algunos laboratorios.
De hecho, un ejecutivo de un laboratorio señala que Fasa dejó de pagar sus facturas durante febrero y la mitad de marzo, lo que provocó que éste dejara de despacharle durante 15 días. Hoy la empresa controlada por la familia Codner está pagando la deuda.
La primera vez
La relación entre farmacias y laboratorios fue investigada por primera y única vez, hasta el requerimiento por colusión de la FNE, a mediados de 1999.
El Colegio Médico denunció a la Fiscalía que las cadenas Salco, Cruz Verde, Brand y Ahumada tenían sus propios laboratorios y que, al estar integradas verticalmente, perjudicaban a los consumidores, ya que los dependientes de farmacias recibían incentivos económicos para vender remedios de sus laboratorios en desmedro de los de la competencia. Alegaba, además, desabastecimiento de medicamentos de otros laboratorios en beneficio de los propios y la existencia de subsidios cruzados.
Al ser consultadas las cuatro cadenas, sólo Ahumada reconoció ser dueña del laboratorio Fasa, cuya cuota de mercado era de apenas 0,3%. Salco -controlada entonces por Salvador y Gabriel Colodro, Gabriel Bitrán, Alejandro Weinstein y Hugo Bortnik- negó cualquier relación de propiedad con Medipharm, lo que actualmente es de público conocimiento. Cruz Verde -de los hermanos Guillermo y Juan Carlos Harding- hizo lo propio con Mintlab, lo que nadie niega en estos días.
A raíz de las respuestas de las cadenas, la Comisión Preventiva Central, primera instancia de investigación antes de la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, determinó que no existía integración vertical. Y pidió al Colegio Médico que en adelante fundamentaran sus denuncias con casos precisos y comprobables.

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