Carlos Chirinos
BBC Mundo, Washington
Chrysler tiene libertad para traspasar parte de sus activos a la italiana Fiat, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de dejar sin efecto la suspensión de la operación que había ordenado la tarde del lunes.
En un escrito de dos páginas, el tribunal explica que la medida ordenada preventivamente por la magistrada Ruth Bader Ginsburg queda sin efecto.
La tarde del lunes, la juez Ginsburg había concedido la suspensión del traspaso de bienes al nuevo consorcio integrado por Fiat, por sindicatos y por los gobiernos de Canadá y EE.UU., como habían solicitado tres inversionistas minoritarios del estado de Indiana.
Según el escrito hecho público este martes, los demandantes no lograron demostrar "que las circunstancias justifiquen el ejercicio de tal discreción", en referencia a la medida de suspensión de la operación, que previamente había sido aprobada por el tribunal de quiebras que lleva el caso de Chrysler.
La corte aclara que su decisión no quita los méritos legales de la demanda presentada por estos acreedores, que en total manejan unos US$42 millones de los US$7.000 millones que debe la automotriz.
Súplica gubernamental
En el escrito de la corte se asegura haber hecho un balance entre el daño que podrían sufrir las partes "y el interés del público en general".
Esa era la línea argumentativa que presentó el gobierno del presidente Barack Obama al Supremo, al insistir en que el retraso en la conformación de la "nueva Chrysler" podría poner en peligro la posibilidad de supervivencia de la compañía.
Entre las urgencias que esgrimía el gobierno estaba el hecho de que el próximo lunes 15 de junio se cumple la fecha tope negociada con Fiat para finiquitar los detalles de su participación en el nuevo consorcio.
De no concretarse, la empresa podría enfrentarse a su liquidación definitiva y al cese de sus 38.000 trabajadores.
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Se calcula que Chrysler, actualmente bajo el Capítulo 11, y por lo tanto protegida por las leyes de bancarrota, pierde US$100 millones diarios.
La batalla judicial
Es la primera vez que los planes del gobierno para reestructurar la industria automotriz son desafiados legalmente ante la Corte Suprema.
Los fondos de pensiones de Indiana que presentaron su demanda consideran que fueron injustamente tratados por el gobierno, que dio preferencia a algunos acreedores sobre otros e incluso a los sindicatos de la industria automotriz.
Además, cuestionan el hecho de que la Casa Blanca haya puesto todo su peso en forzar un acuerdo de reestructuración con los acreedores, en una medida que consideran "ilegal" y "desbalanceada".
Para muchos analistas, el camino que recorra Chrysler dará luces sobre el proceso que tendrá que afrontar su "hermana mayor", General Motors (GM), también declarada en bancarrota y en proceso de reestructuración supervisado por el gobierno.
Un escollo en la corte podría haber incitado a grupos de acreedores de GM a buscar la intervención judicial para detener el proceso iniciado con la mayor automotriz del país.
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