Desde el mismo momento en que se hizo público el avenimiento entre Farmacias Ahumada y la Fiscalía Nacional Económica, se echaron a andar las estrategias legales de ambas cadenas. Monitoreados por sus propios controladores -Guillermo Harding de Cruz Verde y Luis Enrique Yarur de Salcobrand-, equipos de abogados y ejecutivos preparan intensamente las municiones para enfrentar una larga batalla.
Por Lorena Rubio, Josefina Ríos y Paula Comandari
Cuando el pasado 24 de marzo se conoció el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Farmacias Ahumada -en el cual esta última reconocía haberse coludido con su competencia para subir los precios de 222 medicamentos-, la reacción de la familia Yarur, que controla Salcobrand, no se hizo esperar: desde entonces, y personalmente, los tres hermanos Yarur Rey -Luis Enrique, Juan Carlos y Carlos Alberto- han monitoreado la crisis.
Junto a ellos han estado en todo momento cuatro personajes claves: Cristián Steffens, vicepresidente ejecutivo de la cadena farmacéutica; Roberto Belloni, gerente general; y su fiscal, Alberto Novoa. A ellos se suma Carlos Spoerer, gerente general de Empresas Juan Yarur, la matriz del grupo y que es la controladora de Salcobrand.
Todas las decisiones en torno al desarrollo del panorama actual pasan por este comité que es mandatado por los directores de Empresas Juan Yarur, además de los directivos de la cadena farmaceútica. De hecho, el mismo día en que el fiscal nacional económico, Enrique Vergara diera a conocer el acuerdo, los Yarur se reunieron en las oficinas de Luis Enrique en el Banco BCI, en el barrio El Golf, con el directorio de Salcobrand.
La cita se extendió por casi toda la jornada, ya que se fueron sumando los asesores legales: Felipe Vial -a la cabeza-, Cristián Lozano y William Comber, todos miembros del estudio Vial y Cía. Más tarde se integró Eugenio Tironi, reclutado especialmente para este caso.
El miércoles pasado, y siguiendo la estrategia previamente definida en este grupo, los asesores legales refrendaron ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su enérgico rechazo ante las acusaciones de colusión, negándose de plano a un avenimiento.
El disgusto de la plana mayor de Salcobrand ha llegado a tal punto, que desde que se conoció el acuerdo se ha evaluado responderle a Fasa en los Tribunales por lo delicado de su acusación. Sólo han desistido de esta alternativa para no distraer la atención pública de la línea central de su defensa, que es asegurar su total inocencia.
Cercanos al grupo afirman que "ganas no les han faltado, sin embargo temen que una acción de este tipo sea percibida como una medida parafernálica o interpretada como una amenaza".
Informalmente, pero siempre con los ojos encima, se ha integrado a este grupo el abogado Juan Edgardo Goldenberg -socio de Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Goldenberg, Lagos & Silva-, hombre de confianza de Luis Enrique Yarur y asesor del empresario en diversos negocios del holding. Incluso más, la relación fue heredada de antiguas generaciones: el padre de Goldenberg fue la mano derecha en materias legales del patriarca del grupo, Jorge Yarur Banna.
Este team trabaja de manera coordinada y hermética. Según quienes han conocido su trabajo no dejan hilo sin hilvanar. Previendo los distintos escenarios judiciales que podían surgir en torno al caso, no dudaron en contactar a un experto en temas penales, incluso antes de que se presentaran formalmente las querellas en la justicia ordinaria, encabezadas por consumidores y parlamentarios oficialistas.
El viernes pasado, Luis Ortiz Quiroga recibió, según un cercano al penalista, un inesperado llamado de un estrecho colaborador de los Yarur.Si bien, al ser consultado por Qué Pasa, Ortiz Quiroga no quiso referirse al tema, fuentes ligadas al caso afirman que, el lunes pasado, tras las querellas formales presentadas por los abogados Samuel Donoso y Alfredo Morgado -por los delitos de asociación ilícita y fijación fraudulenta de precios en contra de las farmacias-, el penalista se reunió con el mismo asesor que lo había contactado tres días antes para recabar más antecedentes del caso y ponerse a investigar.
La cruzada verde
Paralelamente, ese mismo martes 24, en los cuarteles generales de Cruz Verde, Guillermo Harding recibió a las tres de la tarde a su círculo de hierro: los abogados Bernardino Muñoz y su hijo Felipe, Hugo Botto y el abogado jefe de la cadena, Sergio Rojas.
Con los dos primeros, Harding mantiene una larga relación: los tres son viñamarinos y Bernardino fue el más cercano asesor del padre de Guillermo y es el abogado histórico de la familia. En tanto, Felipe los asesora desde hace 15 años, encargándose de todo el aparataje legal de la compañía.
La reunión de emergencia se extendió por más de seis horas. En el intertanto se les unió el ex fiscal económico Pedro Mattar, quien trabaja para la farmacia desde enero de 2008, justo cuando Enrique Vergara se encontraba en pleno proceso de investigación de las acusaciones por supuesta colusión.
Juntos analizaron los posibles escenarios que se avecinaban e intentaron desentrañar las razones judiciales y procesales que habían motivado a Fasa a llegar a un acuerdo con el fiscal.
A esta primera cita le siguieron otros dos intensos encuentros -uno incluso durante el fin de semana pasado-, en los cuales se afinó la estrategia para enfrentar la difícil contingencia.
Pero el trabajo había comenzado antes: en diciembre de 2008, cuando la FNE levantó el requerimiento contra las farmacias formalmente, en la empresa comenzaron a hacer un profundo levantamiento de información, donde altos ejecutivos se reunieron con los jefes de las áreas involucradas -comercial, venta y cotizaciones-, los cuales a su vez consultaron con sus subalternos sobre una eventual colaboración de alguno de ellos con la competencia. Dicen que no encontraron nada.
Por ello, la idea central de la estrategia de la defensa se fijó desde el primer minuto: sostener la inocencia frente a los cargos de colusión. Con esta definición en mente, el camino a seguir era explicar por qué Cruz Verde subió los precios de los medicamentos a partir de noviembre del 2007. El principal argumento que señalan en el escrito presentado ante el TDLC es la recuperación de márgenes tras la guerra de precios que había comenzado dos años antes.
A ello, además, se sumó otro ingrediente: la prohibición que entonces recibió Cruz Verde para publicitar sus bajos precios. "En octubre de ese año, Fasa presentó una demanda en contra de Cruz Verde por competencia desleal a raíz de su campaña publicitaria basada en la comparación pública de precios. En ella la cadena de Harding esgrimía siempre tener los valores más bajos. Desde el 6 de noviembre se le impidió a Cruz Verde hacer este tipo de publicidad. Así explican ellos el alza sostenida ocurrida a continuación", afirman desde la cadena viñamarina.Asimismo, en el escrito presentado por Cruz Verde se advierte que la cadena consideró otra carta, para la cual escarbaron en la literatura económica. De ahí que el modelo del "líder seguidor" sea una de sus principales argumentos. Esta teoría se entiende específicamente para mercados oligopólicos -pocos actores-, como el farmacéutico, en donde los protagonistas de la industria tienden a imitar el comportamiento de los demás particpantes. Cuando uno actúa, los demás tienden a seguirlo. El modelo proviene de la denominada teoría de juegos del premio Nobel de Economía John Nash.
Pero los análisis fueron más allá. Sobre la mesa aparecieron diversas teorías que trataban de explicar las razones que tuvo Ahumada para llegar a un acuerdo de conciliación con Vergara.
La primera apunta a los rumores que existen en el mercado sobre una eventual venta de la compañía controlada por la familia Codner. "En el marco de una venta aparece mejor entregar el control de la empresa con un escenario claro -en este caso con una multa establecida de US$ 1 millón- que bajo un panorama incierto", explican cercanos a Cruz Verde.
Además, esgrimen que Fasa no estaba en condiciones económicas para soportar una multa de US$ 15 millones. "La sociedad de los Codner está obligada a mantener ciertos resguardos (covenants). El pago de una multa tan alta les habría impedido cumplir con estas obligaciones pactadas a junio de 2009, ocasionándoles probablemente un cierre de puertas del sistema financiero para obtener nuevos créditos".
La defensa de Salcobrand
Si bien la artillería legal de Salcobrand se ha manejado con absoluto sigilo, los puntos fundamentales de su defensa se infieren en la respuesta que entregaron al requerimiento de la FNE.
En ella, la cadena farmacéutica rebate uno a uno los puntos que tanto el fiscal Vergara como Fasa -a través de su abogada Nicole Nehme- presentaron en su contra. Así, por ejemplo, en el escrito interpuesto por la profesional ante el tribunal, se reproduce un cronograma que podría dejar en mal pie a Salcobrand: 289 ejemplos de alzas de precios, de los cuales 207 son iniciados por la cadena controlada por la familia Yarur.
En respuesta a ello, el escrito del abogado defensor, Felipe Vial, asegura que tras la guerra de precios efectivamente se generó un alza, pero que respondió a una estrategia impuesta por los nuevos controladores -en mayo de 2007 la familia Yarur compró la empresa- para rentabilizar el negocio.
"Tras constatar que alrededor de 500 productos se estaban comercializando bajo su costo de adquisición, la nueva administración se propuso revertir en el corto plazo esta situación. Así inició un proceso de recuperación parcial de precios", establece el escrito de 69 páginas.
Asimismo, agregan que los ajustes de precios se produjeron tanto al alza como a la baja, donde naturalmente estaban incorporados los 222 productos cuestionados por la FNE, pero aclaran que éstos representan menos del 10% de la venta total de la compañía.
En la misma línea, el documento esgrime que Salcobrand constató que el mercado tenía precios similares en una serie de productos, lo que interpretó como una reacción a los movimientos realizados por la compañía. Incluso más: consideran que fue una estrategia arriesgada el alza unilateral de precios, tomando en cuenta que el mercado podía no seguir el mismo camino.
Otro de los dardos apunta a los laboratorios, a quienes en su respuesta sindican como "el verdadero motor de la industria y responsables en la sugerencia de precios, intentos de coordinación y monitoreo de alza de precios".
En respuesta a la supuesta reincidencia del delito de colusión que sugiere la FNE, Salcobrand asegura que no existe tal. "Si bien Farmacias Brand S.A. y Farmacias Salco S.A. -que fueron sancionadas en el pasado- se fusionaron para formar Salcobrand S.A., esta sociedad fue disuelta el 30 de octubre de 2008".
Un punto no menor sobre las acusaciones formuladas por Vergara son las alusiones en cuanto al traspaso de ejecutivos de una cadena a otra y la existencia de profesionales que pese a trabajar en una cadena mantienen propiedad en otra. En su requerimiento Vergara menciona el caso específico del subgerente de compras de Salcobrand, Leonardo Pelroth, quien mantiene un porcentaje en la propiedad de Fasa.
La defensa de la cadena de Yarur establece que "la participación que un ejecutivo de Salcobrand habría tenido en la propiedad de Farmacias Ahumada, una sociedad anónima abierta, cuyas acciones se transan en Bolsa, era de un monto insignificante, sin ninguna injerencia en la administración".
Con la mira en la Suprema
La ley es clara: el TDLC debe aprobar o rechazar el acuerdo de conciliación presentado el lunes 23 de marzo. Sólo cabría una negociación si es que las tres partes se allanan a un acuerdo, pero tanto Cruz Verde como Salcobrand rechazan tajantemente esa posibilidad.
Un abogado que ha seguido la discusión asegura que si se tratara de otro caso de colusión, que no involucrara a un sector tan sensible como la salud y con un factor mediático y político como el de este episodio, "un nuevo acuerdo de conciliación sería la salida que uno propondría". Una vez conocida la multa del tribunal, y sabiendo que la Corte no está de acuerdo con el monto establecido, agrega el profesional, se podría proponer una cifra más alta.
Como esa alternativa está fuera de juego, y la mejor prueba de ello es la negativa expresada por los abogados de las dos cadenas este miércoles en el tribunal, los que siguen son los escenarios más probables.
El primero es que el TDLC apruebe la conciliación. La única alternativa legal para Salcobrand y Cruz Verde frente a ese escenario es impugnar el dictamen ante la Corte Suprema, tribunal que debería fijar el reclamo en la Tercera Sala.
Los argumentos para objetar el convenio, explica una fuente que ha sido consultada en la materia, son que éste es ilegal y que no tiene sustento jurídico -tesis defendida por Pedro Mattar- ya que se enmarca en una normativa inexistente que tiene sustento jurídico, como es la delación compensada.
"La ley establece claramente que cuando se viola la ley anticompetencia se podrán establecer multas como sanciones, pero nunca menciona como consideración que una de las parte confesó", asegura un jurista de la plaza. ¿La razón? No hay forma, en el actual sistema legislativo de ponderar los méritos y alcances de esta confesión, agrega esta misma fuente.
En cuanto a las probables sanciones, el DL 211 (Ley de Libre Competencia) expresa en su artículo 26 que ante infracciones demostradas corresponde fijar una multa. Según un profesional cercano al caso, "no existen las cifras compensatorias a beneficio fiscal u otro tipo de figuras. La ley habla claramente de multas". El acuerdo entre Fasa y la FNE incluye el pago de 1.350 Unidades Tributarias Anuales (US$ 1 millón) por parte de la cadena para "beneficio fiscal".
El énfasis en la ilegalidad del convenio sería uno de los puntos centrales de la batería legal de Salcobrand y Cruz Verde si el TDLC da el visto bueno a la conciliación.
Otro argumento que se menciona en contra es la igualdad ante la ley que merecen todos los actores. Debido a que la Fiscalía optó por reunirse y escuchar a sólo una de las partes, sin dar la misma oportunidad a las otras, sostiene un jurista, se habría vulnerado este derecho fundamental.En cualquier caso, la elección de este camino demoraría al menos dos años, antes de que el máximo tribunal se pronuncie y conllevaría un desgaste de recursos e imagen para los involucrados.
Ahora, si el tribunal rechaza el acuerdo Fasa-FNE, hay menos alternativas. Primero, porque la ley no establece un mecanismo de reclamación específico. "Lo que le quedaría a la cadena y al fiscal Vergara sería presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema", afirma un abogado experto en libre competencia.
En esto no hay precedentes. Juristas aseguran que sería extraño que la FNE utilizara este resorte, por lo que la cadena de farmacias de la familia Codner debería asumir sola el desafío y los riesgos de una decisión de este tipo.
http://www.quepasa.cl/
Por Lorena Rubio, Josefina Ríos y Paula Comandari
Cuando el pasado 24 de marzo se conoció el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Farmacias Ahumada -en el cual esta última reconocía haberse coludido con su competencia para subir los precios de 222 medicamentos-, la reacción de la familia Yarur, que controla Salcobrand, no se hizo esperar: desde entonces, y personalmente, los tres hermanos Yarur Rey -Luis Enrique, Juan Carlos y Carlos Alberto- han monitoreado la crisis.
Junto a ellos han estado en todo momento cuatro personajes claves: Cristián Steffens, vicepresidente ejecutivo de la cadena farmacéutica; Roberto Belloni, gerente general; y su fiscal, Alberto Novoa. A ellos se suma Carlos Spoerer, gerente general de Empresas Juan Yarur, la matriz del grupo y que es la controladora de Salcobrand.
Todas las decisiones en torno al desarrollo del panorama actual pasan por este comité que es mandatado por los directores de Empresas Juan Yarur, además de los directivos de la cadena farmaceútica. De hecho, el mismo día en que el fiscal nacional económico, Enrique Vergara diera a conocer el acuerdo, los Yarur se reunieron en las oficinas de Luis Enrique en el Banco BCI, en el barrio El Golf, con el directorio de Salcobrand.
La cita se extendió por casi toda la jornada, ya que se fueron sumando los asesores legales: Felipe Vial -a la cabeza-, Cristián Lozano y William Comber, todos miembros del estudio Vial y Cía. Más tarde se integró Eugenio Tironi, reclutado especialmente para este caso.
El miércoles pasado, y siguiendo la estrategia previamente definida en este grupo, los asesores legales refrendaron ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su enérgico rechazo ante las acusaciones de colusión, negándose de plano a un avenimiento.
El disgusto de la plana mayor de Salcobrand ha llegado a tal punto, que desde que se conoció el acuerdo se ha evaluado responderle a Fasa en los Tribunales por lo delicado de su acusación. Sólo han desistido de esta alternativa para no distraer la atención pública de la línea central de su defensa, que es asegurar su total inocencia.
Cercanos al grupo afirman que "ganas no les han faltado, sin embargo temen que una acción de este tipo sea percibida como una medida parafernálica o interpretada como una amenaza".
Informalmente, pero siempre con los ojos encima, se ha integrado a este grupo el abogado Juan Edgardo Goldenberg -socio de Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Goldenberg, Lagos & Silva-, hombre de confianza de Luis Enrique Yarur y asesor del empresario en diversos negocios del holding. Incluso más, la relación fue heredada de antiguas generaciones: el padre de Goldenberg fue la mano derecha en materias legales del patriarca del grupo, Jorge Yarur Banna.
Este team trabaja de manera coordinada y hermética. Según quienes han conocido su trabajo no dejan hilo sin hilvanar. Previendo los distintos escenarios judiciales que podían surgir en torno al caso, no dudaron en contactar a un experto en temas penales, incluso antes de que se presentaran formalmente las querellas en la justicia ordinaria, encabezadas por consumidores y parlamentarios oficialistas.
El viernes pasado, Luis Ortiz Quiroga recibió, según un cercano al penalista, un inesperado llamado de un estrecho colaborador de los Yarur.Si bien, al ser consultado por Qué Pasa, Ortiz Quiroga no quiso referirse al tema, fuentes ligadas al caso afirman que, el lunes pasado, tras las querellas formales presentadas por los abogados Samuel Donoso y Alfredo Morgado -por los delitos de asociación ilícita y fijación fraudulenta de precios en contra de las farmacias-, el penalista se reunió con el mismo asesor que lo había contactado tres días antes para recabar más antecedentes del caso y ponerse a investigar.
La cruzada verde
Paralelamente, ese mismo martes 24, en los cuarteles generales de Cruz Verde, Guillermo Harding recibió a las tres de la tarde a su círculo de hierro: los abogados Bernardino Muñoz y su hijo Felipe, Hugo Botto y el abogado jefe de la cadena, Sergio Rojas.
Con los dos primeros, Harding mantiene una larga relación: los tres son viñamarinos y Bernardino fue el más cercano asesor del padre de Guillermo y es el abogado histórico de la familia. En tanto, Felipe los asesora desde hace 15 años, encargándose de todo el aparataje legal de la compañía.
La reunión de emergencia se extendió por más de seis horas. En el intertanto se les unió el ex fiscal económico Pedro Mattar, quien trabaja para la farmacia desde enero de 2008, justo cuando Enrique Vergara se encontraba en pleno proceso de investigación de las acusaciones por supuesta colusión.
Juntos analizaron los posibles escenarios que se avecinaban e intentaron desentrañar las razones judiciales y procesales que habían motivado a Fasa a llegar a un acuerdo con el fiscal.
A esta primera cita le siguieron otros dos intensos encuentros -uno incluso durante el fin de semana pasado-, en los cuales se afinó la estrategia para enfrentar la difícil contingencia.
Pero el trabajo había comenzado antes: en diciembre de 2008, cuando la FNE levantó el requerimiento contra las farmacias formalmente, en la empresa comenzaron a hacer un profundo levantamiento de información, donde altos ejecutivos se reunieron con los jefes de las áreas involucradas -comercial, venta y cotizaciones-, los cuales a su vez consultaron con sus subalternos sobre una eventual colaboración de alguno de ellos con la competencia. Dicen que no encontraron nada.
Por ello, la idea central de la estrategia de la defensa se fijó desde el primer minuto: sostener la inocencia frente a los cargos de colusión. Con esta definición en mente, el camino a seguir era explicar por qué Cruz Verde subió los precios de los medicamentos a partir de noviembre del 2007. El principal argumento que señalan en el escrito presentado ante el TDLC es la recuperación de márgenes tras la guerra de precios que había comenzado dos años antes.
A ello, además, se sumó otro ingrediente: la prohibición que entonces recibió Cruz Verde para publicitar sus bajos precios. "En octubre de ese año, Fasa presentó una demanda en contra de Cruz Verde por competencia desleal a raíz de su campaña publicitaria basada en la comparación pública de precios. En ella la cadena de Harding esgrimía siempre tener los valores más bajos. Desde el 6 de noviembre se le impidió a Cruz Verde hacer este tipo de publicidad. Así explican ellos el alza sostenida ocurrida a continuación", afirman desde la cadena viñamarina.Asimismo, en el escrito presentado por Cruz Verde se advierte que la cadena consideró otra carta, para la cual escarbaron en la literatura económica. De ahí que el modelo del "líder seguidor" sea una de sus principales argumentos. Esta teoría se entiende específicamente para mercados oligopólicos -pocos actores-, como el farmacéutico, en donde los protagonistas de la industria tienden a imitar el comportamiento de los demás particpantes. Cuando uno actúa, los demás tienden a seguirlo. El modelo proviene de la denominada teoría de juegos del premio Nobel de Economía John Nash.
Pero los análisis fueron más allá. Sobre la mesa aparecieron diversas teorías que trataban de explicar las razones que tuvo Ahumada para llegar a un acuerdo de conciliación con Vergara.
La primera apunta a los rumores que existen en el mercado sobre una eventual venta de la compañía controlada por la familia Codner. "En el marco de una venta aparece mejor entregar el control de la empresa con un escenario claro -en este caso con una multa establecida de US$ 1 millón- que bajo un panorama incierto", explican cercanos a Cruz Verde.
Además, esgrimen que Fasa no estaba en condiciones económicas para soportar una multa de US$ 15 millones. "La sociedad de los Codner está obligada a mantener ciertos resguardos (covenants). El pago de una multa tan alta les habría impedido cumplir con estas obligaciones pactadas a junio de 2009, ocasionándoles probablemente un cierre de puertas del sistema financiero para obtener nuevos créditos".
La defensa de Salcobrand
Si bien la artillería legal de Salcobrand se ha manejado con absoluto sigilo, los puntos fundamentales de su defensa se infieren en la respuesta que entregaron al requerimiento de la FNE.
En ella, la cadena farmacéutica rebate uno a uno los puntos que tanto el fiscal Vergara como Fasa -a través de su abogada Nicole Nehme- presentaron en su contra. Así, por ejemplo, en el escrito interpuesto por la profesional ante el tribunal, se reproduce un cronograma que podría dejar en mal pie a Salcobrand: 289 ejemplos de alzas de precios, de los cuales 207 son iniciados por la cadena controlada por la familia Yarur.
En respuesta a ello, el escrito del abogado defensor, Felipe Vial, asegura que tras la guerra de precios efectivamente se generó un alza, pero que respondió a una estrategia impuesta por los nuevos controladores -en mayo de 2007 la familia Yarur compró la empresa- para rentabilizar el negocio.
"Tras constatar que alrededor de 500 productos se estaban comercializando bajo su costo de adquisición, la nueva administración se propuso revertir en el corto plazo esta situación. Así inició un proceso de recuperación parcial de precios", establece el escrito de 69 páginas.
Asimismo, agregan que los ajustes de precios se produjeron tanto al alza como a la baja, donde naturalmente estaban incorporados los 222 productos cuestionados por la FNE, pero aclaran que éstos representan menos del 10% de la venta total de la compañía.
En la misma línea, el documento esgrime que Salcobrand constató que el mercado tenía precios similares en una serie de productos, lo que interpretó como una reacción a los movimientos realizados por la compañía. Incluso más: consideran que fue una estrategia arriesgada el alza unilateral de precios, tomando en cuenta que el mercado podía no seguir el mismo camino.
Otro de los dardos apunta a los laboratorios, a quienes en su respuesta sindican como "el verdadero motor de la industria y responsables en la sugerencia de precios, intentos de coordinación y monitoreo de alza de precios".
En respuesta a la supuesta reincidencia del delito de colusión que sugiere la FNE, Salcobrand asegura que no existe tal. "Si bien Farmacias Brand S.A. y Farmacias Salco S.A. -que fueron sancionadas en el pasado- se fusionaron para formar Salcobrand S.A., esta sociedad fue disuelta el 30 de octubre de 2008".
Un punto no menor sobre las acusaciones formuladas por Vergara son las alusiones en cuanto al traspaso de ejecutivos de una cadena a otra y la existencia de profesionales que pese a trabajar en una cadena mantienen propiedad en otra. En su requerimiento Vergara menciona el caso específico del subgerente de compras de Salcobrand, Leonardo Pelroth, quien mantiene un porcentaje en la propiedad de Fasa.
La defensa de la cadena de Yarur establece que "la participación que un ejecutivo de Salcobrand habría tenido en la propiedad de Farmacias Ahumada, una sociedad anónima abierta, cuyas acciones se transan en Bolsa, era de un monto insignificante, sin ninguna injerencia en la administración".
Con la mira en la Suprema
La ley es clara: el TDLC debe aprobar o rechazar el acuerdo de conciliación presentado el lunes 23 de marzo. Sólo cabría una negociación si es que las tres partes se allanan a un acuerdo, pero tanto Cruz Verde como Salcobrand rechazan tajantemente esa posibilidad.
Un abogado que ha seguido la discusión asegura que si se tratara de otro caso de colusión, que no involucrara a un sector tan sensible como la salud y con un factor mediático y político como el de este episodio, "un nuevo acuerdo de conciliación sería la salida que uno propondría". Una vez conocida la multa del tribunal, y sabiendo que la Corte no está de acuerdo con el monto establecido, agrega el profesional, se podría proponer una cifra más alta.
Como esa alternativa está fuera de juego, y la mejor prueba de ello es la negativa expresada por los abogados de las dos cadenas este miércoles en el tribunal, los que siguen son los escenarios más probables.
El primero es que el TDLC apruebe la conciliación. La única alternativa legal para Salcobrand y Cruz Verde frente a ese escenario es impugnar el dictamen ante la Corte Suprema, tribunal que debería fijar el reclamo en la Tercera Sala.
Los argumentos para objetar el convenio, explica una fuente que ha sido consultada en la materia, son que éste es ilegal y que no tiene sustento jurídico -tesis defendida por Pedro Mattar- ya que se enmarca en una normativa inexistente que tiene sustento jurídico, como es la delación compensada.
"La ley establece claramente que cuando se viola la ley anticompetencia se podrán establecer multas como sanciones, pero nunca menciona como consideración que una de las parte confesó", asegura un jurista de la plaza. ¿La razón? No hay forma, en el actual sistema legislativo de ponderar los méritos y alcances de esta confesión, agrega esta misma fuente.
En cuanto a las probables sanciones, el DL 211 (Ley de Libre Competencia) expresa en su artículo 26 que ante infracciones demostradas corresponde fijar una multa. Según un profesional cercano al caso, "no existen las cifras compensatorias a beneficio fiscal u otro tipo de figuras. La ley habla claramente de multas". El acuerdo entre Fasa y la FNE incluye el pago de 1.350 Unidades Tributarias Anuales (US$ 1 millón) por parte de la cadena para "beneficio fiscal".
El énfasis en la ilegalidad del convenio sería uno de los puntos centrales de la batería legal de Salcobrand y Cruz Verde si el TDLC da el visto bueno a la conciliación.
Otro argumento que se menciona en contra es la igualdad ante la ley que merecen todos los actores. Debido a que la Fiscalía optó por reunirse y escuchar a sólo una de las partes, sin dar la misma oportunidad a las otras, sostiene un jurista, se habría vulnerado este derecho fundamental.En cualquier caso, la elección de este camino demoraría al menos dos años, antes de que el máximo tribunal se pronuncie y conllevaría un desgaste de recursos e imagen para los involucrados.
Ahora, si el tribunal rechaza el acuerdo Fasa-FNE, hay menos alternativas. Primero, porque la ley no establece un mecanismo de reclamación específico. "Lo que le quedaría a la cadena y al fiscal Vergara sería presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema", afirma un abogado experto en libre competencia.
En esto no hay precedentes. Juristas aseguran que sería extraño que la FNE utilizara este resorte, por lo que la cadena de farmacias de la familia Codner debería asumir sola el desafío y los riesgos de una decisión de este tipo.
http://www.quepasa.cl/
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