Los mexicanos le declararon la guerra a los monopolios, consumidores que junto a la Comisión Federal de Competencia (CFC) están decididos a tomar acciones. Pero no será fácil arrancarle el poder a las cerca de 400 empresas que controlan la economía.
Industrias como la de telecomunicaciones, la cementera y la farmacéutica, así como otras tan relacionadas a la mesa de los mexicanos como la de harina de maíz, el pan, los refrescos, el agua, la cerveza, el pollo o los huevos, han sido durante años dominadas en México por monopolios y oligopolios que se han fortalecido a pesar de que la Constitución los prohíbe, imperios que han incurrido en prácticas anticompetitivas que repercuten en el bolsillo de consumidores que hoy, respaldados por diversas organizaciones, parecen decir ¡ya basta!
“Si hubiera competencia en por lo menos siete mercados de productos básicos, los precios bajarían, de tal manera, que sería equivalente a incrementar en 7% los ingresos de la población más pobre del país”, dice Eduardo Perez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), por lo que con el fin de exigir al gobierno mayores sanciones y una mejor regulación antimonopólica, organizaciones como Oxfam-México, el Poder del Consumidor y el Barzón, junto con grupos de consumidores y asociaciones ciudadanas, acaban de constituir un nuevo movimiento nacional.
“Buscamos homologar las medidas que se están tomando en el resto de los países. Es de broma que en México la multa más alta por incurrir en una práctica antimonopólica sea de 84 millones de pesos, mientras que en otros países se les sanciona con 10% de las ventas totales e inclusive con cárcel”, dice Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Barzón.
“Otra de nuestras grandes luchas es permitir las acciones colectivas, como sucede en Brasil, Colombia, Uruguay y El Salvador”, dice María Dolores Rojas Rubio, coordinadora de Oxfam-México, y es que a diferencia de lo que sucede en otros países, los mexicanos están menos organizados y cuentan con escasa protección, ya que poseen menos derechos.
“En México existe monopolio hasta para ejercer acciones colectivas, y lo tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y, por ende, la cantidad de acciones colectivas son limitadas. Esto repercute directamente en la competitividad”, dice Manuel J. Molano Ruiz, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Si bien estas organizaciones no garantizan un cambio en el corto plazo, son sin duda un paso hacia delante en materia de competencia.
“Es un proceso que no sé si se vaya a dar en esta legislatura, pero el hecho de que los consumidores se organicen presiona al Congreso, que empieza a percibir las exigencias de quienes los eligieron”, asegura Perez Mota, de la CFC.
“Si hubiera competencia en por lo menos siete mercados de productos básicos, los precios bajarían, de tal manera, que sería equivalente a incrementar en 7% los ingresos de la población más pobre del país”, dice Eduardo Perez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), por lo que con el fin de exigir al gobierno mayores sanciones y una mejor regulación antimonopólica, organizaciones como Oxfam-México, el Poder del Consumidor y el Barzón, junto con grupos de consumidores y asociaciones ciudadanas, acaban de constituir un nuevo movimiento nacional.
“Buscamos homologar las medidas que se están tomando en el resto de los países. Es de broma que en México la multa más alta por incurrir en una práctica antimonopólica sea de 84 millones de pesos, mientras que en otros países se les sanciona con 10% de las ventas totales e inclusive con cárcel”, dice Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Barzón.
“Otra de nuestras grandes luchas es permitir las acciones colectivas, como sucede en Brasil, Colombia, Uruguay y El Salvador”, dice María Dolores Rojas Rubio, coordinadora de Oxfam-México, y es que a diferencia de lo que sucede en otros países, los mexicanos están menos organizados y cuentan con escasa protección, ya que poseen menos derechos.
“En México existe monopolio hasta para ejercer acciones colectivas, y lo tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y, por ende, la cantidad de acciones colectivas son limitadas. Esto repercute directamente en la competitividad”, dice Manuel J. Molano Ruiz, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Si bien estas organizaciones no garantizan un cambio en el corto plazo, son sin duda un paso hacia delante en materia de competencia.
“Es un proceso que no sé si se vaya a dar en esta legislatura, pero el hecho de que los consumidores se organicen presiona al Congreso, que empieza a percibir las exigencias de quienes los eligieron”, asegura Perez Mota, de la CFC.
/www.americaeconomia.com
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